En una carta dirigida a los fieles de la Diócesis de San Diego publicada el 14 de junio de 2024, el cardenal Robert McElroy anunció que la Diócesis presentará una declaración de bancarrota para proporcionar una compensación justa a los sobrevivientes de abuso sexual y continuar con la misión educativa, de servicio pastoral y de apoyo a los pobres y marginados de la Iglesia. La Diócesis presentó una petición en el Tribunal de Bancarrotas de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California el 17 de junio de 2024.
Las siguientes son preguntas y respuestas frecuentes sobre la bancarrota de la Diócesis.
La Diócesis está presentando bajo el Capítulo 11 del Código de Bancarrotas. Una bancarrota del Capítulo 11 es una bancarrota voluntaria que permite a la Diócesis continuar con sus ministerios y actividades de caridad mientras busca un marco para un acuerdo completo y definitivo para demandas legales de abuso sexual. La Diócesis, escuelas y parroquias permanecerán abiertas y continuarán realizando la labor de la Iglesia. La bancarrota proveerá un camino para que la Diócesis resuelva equitativamente las demandas presentadas por sobrevivientes de abuso sexual y establezca un fondo para compensar a quienes fueron víctimas de abuso sexual en el pasado que puedan presentarse en el futuro. Durante la bancarrota, la Diócesis continuará negociando con los sobrevivientes, sus abogados y la aseguradora de la Diócesis para determinar un plan para el acuerdo justo y equitativo de las demandas.
La Diócesis anunció en febrero de 2023 que estaba considerando la bancarrota y en mayo del mismo año anunció que se había tomado la decisión de hacerlo. Desde entonces, y durante este último año, la Diócesis ha mantenido conversaciones de mediación con abogados representando a sobrevivientes de abuso, las parroquias de la diócesis, y Catholic Mutual, la aseguradora de la Diócesis.
No. Las parroquias, escuelas parroquiales y escuelas secundarias no estarán declarándose en bancarrota.
No. Caridades Católicas es una corporación legal independiente y no se declarará en bancarrota.
La colecta anual solicita donativos para fines específicos, como las escuelas católicas, la formación en la fe, Caridades Católicas y la formación y apoyo al clero. Todas las contribuciones se mantienen por la Diócesis en una cuenta restringida para ser utilizadas únicamente para esos fines. Cualquier fondo recaudado que exceda las metas individuales de la parroquia es remitido por la Diócesis a esa parroquia para ser utilizado por la misma.
Los donativos y contribuciones a parroquias son para fines de la parroquia. Los donativos permiten a las parroquias continuar con sus ministerios y programas. Sin embargo, es muy probable que las parroquias aporten dinero u otros activos al plan de bancarrota para obtener una liberación de su propia responsabilidad legal por demandas actuales y desconocidas.
El plan de pensiones es un plan calificado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). Los planes de pensiones suelen estar protegidos, por lo que se espera que dichos fondos no se verán afectados por la bancarrota de la Diócesis.
De igual manera, los fondos en el plan de pensiones suelen estar protegidos, por lo que se espera que dichos fondos no se verán afectados por la bancarrota. En algunos casos, se afirma que los perpetradores de abuso no deberían tener derecho a los beneficios del plan de pensiones del clero; ese es un tema que se discutirá como parte del proceso de bancarrota.
La Cuenta Católica para las Parroquias y Escuelas (CAPS, por sus siglas en inglés) es una entidad independiente que mantiene los depósitos de parroquias y escuelas y utiliza esos fondos para otorgar préstamos a parroquias y escuelas para proyectos de construcción. Los fondos depositados en CAPS pertenecen a las respectivas parroquias y escuelas, no a la diócesis. Sin embargo, es muy probable que las parroquias y escuelas contribuyan dinero u otros activos al plan de bancarrota para obtener una liberación de su propia responsabilidad legal y para crear un fondo para compensar a sobrevivientes de abuso sexual ocurrido en el pasado y atender demandas desconocidas.
Sí. Existe una cobertura de seguro disponible que contribuirá al pago de demandas de abuso y gastos legales. La cantidad o porcentaje de la contribución aún no se determina, pero se cree que será considerable.
No se espera que la bancarrota afecte las colegiaturas y actividades de las escuelas.
Es probable que los abogados de los sobrevivientes de abuso afirmen que ciertas propiedades parroquiales deberían ser utilizadas para financiar un acuerdo en la bancarrota. Estamos seguros, sin embargo, de que las propiedades esenciales para la labor pastoral de las parroquias no se verán afectadas.
Es muy probable que las parroquias y escuelas tengan que contribuir dinero u otros activos al plan de bancarrota para obtener una liberación de su propia responsabilidad legal y para ayudar a crear un fondo para compensar a sobrevivientes de abuso sexual ocurrido en el pasado y atender demandas desconocidas.
Las cantidades varían y por el momento se desconocen. Durante la bancarrota continuarán las discusiones y negociaciones para determinar esas cantidades.
La duración del caso de bancarrota depende de muchos factores que no pueden predecirse. A otras diócesis les ha tomado hasta cuatro años. Sin embargo, basándonos en los esfuerzos que la Diócesis ha tomado para mediar con los abogados de los sobrevivientes durante el último año, esperamos y confiamos en que la bancarrota se resolverá más rápidamente.
