En una carta dirigida a los fieles de la Diócesis de San Diego publicada el 14 de junio de 2024, el cardenal Robert McElroy anunció que la Diócesis presentará una declaración de quiebra para proporcionar una indemnización justa a los supervivientes de abusos sexuales y continuar con la misión educativa, de servicio pastoral y de apoyo a los pobres y marginados de la Iglesia. La Diócesis presentó una solicitud ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California el 17 de junio de 2024.
A continuación se incluyen preguntas y respuestas frecuentes sobre la quiebra de la Diócesis.
La Diócesis se acoge al Capítulo 11 del Código de Quiebras. Una quiebra del Capítulo 11 es un procedimiento voluntario que permite a la Diócesis continuar con sus ministerios y actividades caritativas mientras busca un marco para alcanzar un acuerdo completo y definitivo respecto a las demandas legales por abuso sexual. La Diócesis, las escuelas y las parroquias permanecerán abiertas y continuarán realizando la labor de la Iglesia. La quiebra proporcionará un camino para que la Diócesis resuelva de manera equitativa las demandas presentadas por los sobrevivientes de abuso sexual y establezca un fondo para compensar a quienes fueron víctimas de abuso sexual en el pasado y puedan presentarse en el futuro. Durante la quiebra, la Diócesis seguirá negociando con los supervivientes, sus abogados y la aseguradora de la Diócesis para determinar un plan que permita llegar a un acuerdo justo y equitativo sobre las demandas.
La Diócesis anunció en febrero de 2023 que estaba considerando declararse en quiebra y, en mayo del mismo año, anunció que se había tomado la decisión de hacerlo. Desde entonces, y a lo largo de este último año, la Diócesis ha mantenido conversaciones de mediación con abogados que representan a los supervivientes de abusos, a las parroquias de la diócesis y a Catholic Mutual, la aseguradora de la Diócesis.
No. Las parroquias, las escuelas parroquiales y los institutos no se declararán en quiebra.
No. Caridades Católicas es una entidad jurídica independiente y no se declarará en quiebra.
La colecta anual solicita donativos para fines específicos, como las escuelas católicas, la formación en la fe, Caridades Católicas y la formación y el apoyo al clero. Todas las contribuciones son depositadas por la Diócesis en una cuenta restringida para ser utilizadas únicamente para esos fines. Cualquier fondo recaudado que exceda los objetivos individuales de la parroquia es remitido por la Diócesis a dicha parroquia para que esta lo utilice.
Las donaciones y contribuciones a las parroquias se destinan a fines parroquiales. Las donaciones permiten a las parroquias continuar con sus ministerios y programas. Sin embargo, es muy probable que las parroquias aporten dinero u otros activos al plan de quiebra para obtener una exención de su propia responsabilidad legal por demandas actuales y desconocidas.
El plan de pensiones es un plan reconocido por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). Los planes de pensiones suelen estar protegidos, por lo que se espera que dichos fondos no se vean afectados por la quiebra de la Diócesis.
Del mismo modo, los fondos del plan de pensiones suelen estar protegidos, por lo que se espera que no se vean afectados por la quiebra. En algunos casos, se sostiene que los autores de abusos no deberían tener derecho a las prestaciones del plan de pensiones del clero; ese es un tema que se debatirá en el marco del proceso de quiebra.
La Cuenta Católica para las Parroquias y Escuelas (CAPS, por sus siglas en inglés) es una entidad independiente que gestiona los depósitos de las parroquias y escuelas y utiliza esos fondos para conceder préstamos a las parroquias y escuelas destinados a proyectos de construcción. Los fondos depositados en CAPS pertenecen a las respectivas parroquias y escuelas, no a la diócesis. Sin embargo, es muy probable que las parroquias y escuelas aporten dinero u otros activos al plan de quiebra para obtener una exención de su propia responsabilidad legal y para crear un fondo destinado a indemnizar a los supervivientes de abusos sexuales ocurridos en el pasado y hacer frente a demandas desconocidas.
Sí. Existe una cobertura de seguro disponible que contribuirá al pago de las demandas por abuso y los gastos legales. La cantidad o el porcentaje de la contribución aún no se ha determinado, pero se cree que será considerable.
No se prevé que la quiebra afecte a las matrículas ni a las actividades de las escuelas.
Es probable que los abogados de los supervivientes de abusos sostengan que determinados bienes parroquiales deberían utilizarse para financiar un acuerdo de quiebra. Estamos seguros, sin embargo, de que los bienes esenciales para la labor pastoral de las parroquias no se verán afectados.
Es muy probable que las parroquias y las escuelas tengan que aportar dinero u otros activos al plan de quiebra para quedar exentas de su propia responsabilidad legal y para ayudar a crear un fondo destinado a indemnizar a los supervivientes de abusos sexuales ocurridos en el pasado y a hacer frente a posibles demandas futuras.
Las cantidades varían y, por el momento, se desconocen. Durante el proceso de quiebra continuarán las conversaciones y negociaciones para determinar dichas cantidades.
La duración del proceso de quiebra depende de muchos factores que no se pueden predecir. A otras diócesis les ha llevado hasta cuatro años. Sin embargo, teniendo en cuenta los esfuerzos que la Diócesis ha realizado durante el último año para mediar con los abogados de los supervivientes, esperamos y confiamos en que la quiebra se resuelva más rápidamente.
