Carta del cardenal

13 de junio de 2024

Queridos hermanos y hermanas en Cristo:

En febrero del año pasado me dirigí a ustedes para informarles de que era muy probable que la Diócesis de San Diego tuviera que declararse en quiebra con el fin de resolver las aproximadamente 450 demandas que se han presentado ante los tribunales en busca de una indemnización para las víctimas de abusos sexuales por parte de clérigos y empleados laicos durante los últimos ochenta años. En el último año, la Diócesis ha mantenido negociaciones sustanciales y útiles con los abogados que representan a las víctimas de abuso, y yo, en colaboración con los responsables de la Diócesis, he llegado a la conclusión de que es el momento de declararnos formalmente en quiebra y continuar con las negociaciones como parte de este proceso.

La Diócesis se enfrenta a dos compromisos morales al abordar el proceso de resolución: la necesidad de una compensación justa para las víctimas de abuso sexual y la necesidad de continuar con la misión educativa, de servicio pastoral y de apoyo a los pobres y marginados de la Iglesia. La quiebra ofrece el mejor camino para lograr ambas cosas. Proporciona un marco para lograr la equidad entre las diferentes demandas de las víctimas y permite establecer un fondo para indemnizar a quienes fueron víctimas de abuso sexual en el pasado y puedan presentarse en el futuro. El acuerdo que esperamos alcanzar en este caso de quiebra también garantizará que la Diócesis de San Diego, que pagó 198 millones de dólares por demandas de abuso sexual en 2007, logre una conclusión definitiva de su responsabilidad legal por demandas de abuso sexual presentadas en el pasado.

Solo la Diócesis se declarará en quiebra. Las parroquias, las escuelas parroquiales y las escuelas secundarias no. Sin embargo, está claro que, como parte de proporcionar una compensación adecuada a las víctimas de abuso sexual de menores, tanto las parroquias como las escuelas secundarias tendrán que contribuir sustancialmente al acuerdo final, para que la responsabilidad legal a la que se enfrentan llegue a su fin.

A medida que avancemos en este difícil proceso durante el próximo año, es esencial recordar que fue el fracaso moral de quienes abusaron directamente de niños y adolescentes, así como el igualmente grave fracaso moral de quienes los reasignaron o no estuvieron alertas, lo que causó las heridas psicológicas y espirituales que aún afligen los corazones y las almas de tantos hombres y mujeres entre nosotros.

Los tremendos avances que hemos logrado en los últimos veinte años para proteger a los menores, tanto en la Iglesia como fuera de ella, no pueden mitigar la enorme responsabilidad moral que yo, como su obispo, y toda la comunidad católica seguimos teniendo. Que Dios nunca permita que olvidemos esta vergüenza, y que su ternura envuelva a los niños y adolescentes inocentes que fueron víctimas.